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Poncio Pilatos y la sabiduría del pueblo

 

“Hay médicos, abogados, actores e incluso un boxeador entre los próximos 500 inquilinos de San Lázaro, pero la mitad de ellos carece de cédula profesional”
Excélsior agosto 19 de 2018

Los medios dieron cuenta que 46% de los representantes populares, es decir los legisladores de la Cámara de Diputados de México, no tienen “cédula profesional”. Otros periodistas han investigado que ese porcentaje es en realidad del 54% es decir un poco más alto, pero señalan que la tendencia en las últimas legislaturas se ha ampliado notablemente. En 2009, sólo 10% no tenían cédula profesional.

Lo anterior puede significar varias cosas: a) que no cuentan con estudios profesionales y por tanto no tienen licenciatura; b) que terminaron sus estudios de educación superior y lograron obtener sus títulos, pero no los han registrado en la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación o c) que se desconoce su situación académica.

Si bien la disposición constitucional no exige ningún requisito académico para ser candidato a un puesto de elección popular, salvo tener mayoría de edad, en el presente siglo del conocimiento, parecería recomendable contar con un buen número de representantes de la sociedad mexicana que hubiesen terminado sus estudios de educación superior.

Porque en ese cuerpo legislativo, que es un parlamento donde se discutirán cuestiones políticas, económicas y sociales, es indispensable cierto nivel de estudios para analizar, discutir (en el sentido griego), razonar, escribir y aprobar las leyes que ahí se ventilen para beneficio, no del movimiento o partido que representen, sino del interés público, es decir de los casi 130 millones de mexicanos que conformamos esta nación pronto bicentenaria. Ellos serán los responsables de derogar la ley educativa.

Tal vez para el movimiento dominante de MORENA, no sea importante esta cuestión, porque con la mayoría obtenida en ambas cámaras del congreso de la unión, no será necesario analizar, discutir (en el sentido griego), razonar, escribir y aprobar o derogar las leyes, ya que se trata de un cuerpo legislativo que gozará de un poder indiscutible que avalará y aprobará las iniciativas de ley del propio movimiento, sean de nivel presidencial o no, lo cual es más que previsible.

Pero queda el testimonio electoral del pasado julio de 2018 de los 30.1 millones de electores, que se interpreta precisamente como la confirmación de que el pueblo “no se equivoca” pues eligieron a un surtido rico de representantes con características peculiares: a) “algunos con antecedentes”; b) “algunos polémicos”; c) Otros más legisladores de por vida; d) además, de docenas de los que la burlesca nacional llama los “chapulines”, según el recuento del citado artículo de Excélsior.

Otra línea en donde “el pueblo no se equivocará” está encaminada hacia la decisión que el presidente electo ya nos endosó sobre la complejísima obra del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Efectivamente, frente a los medios se nos trasladó la responsabilidad de que todo estará en nuestras manos, independientemente de las preferencias electorales, las filias y fobias partidarias y hasta del interés ciudadano por el servicio que presta esa terminal aérea. Dicen las estadísticas que más del 70% de la población mexicana no utiliza esa instalación. ¿Esta será la política de consultar el pueblo toda obra pública? ¿Vamos a decidir también sobre los trenes transístmico y de la península de Yucatán, la siembra del millón de árboles frutales y la refinería en Tabasco?

La disyuntiva planteada al pueblo de México consiste aparentemente en: a) continuar la construcción del proyecto del aeropuerto en Texcoco o b) la cancelación de este y en su lugar aprobar la construcción de dos pistas en la base aérea de Santa Lucía además de mantener las actuales instalaciones del aeropuerto Benito Juárez, coexistencia que parece ser inviable según el futuro Secretario de Comunicaciones.

Necesitaríamos cursos completos de evaluación de proyectos, y ambiental otro sobre física del subsuelo, otro sobre financiamiento a largo plazo de obras de infraestructura y uso de las afores, uno más sobre condiciones aeronáuticas de los dos proyectos, información detallada sobre las ventajas de cada uno, como el transporte de y hacia cada uno de los aeropuertos, información suficiente sobre los riesgos de operar vuelos en Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez, datos confiables sobre los dictámenes internacionales de los organismos especializados que aprueban la seguridad de los aeropuertos internacionales. La base aérea de Santa Lucía se ubica a poco menos de 50 kilómetros del aeropuerto Benito Juárez, por lo que se requerirían datos sobre la conexión entre ambas instalaciones y con la propia Ciudad de México, pues será obvia la necesidad de transportar los millones de viajeros que visiten o hagan negocios en nuestro país. Es más, para ese proyecto no se cuenta con un estudio completo que permita evaluar las alternativas.

Por si fuera poco, también se conoce la información sobre los dos o tres tipos de financiamiento que se oponen en la visión de cada proyecto. Porque en el caso de la cancelación del NAIM, la erogación se podría elevar -según alguna información— a 100 mil millones de pesos, por concepto de lo que ya se ha invertido, más los costos de cancelación de los contratos (que son compromisos adquiridos no por individuos a nivel personal, sino por el gobierno de México), a lo que se tendrían que erogar otros 70 mil millones para la construcción de dos pistas en Santa Lucía, y otro pico de millones por un nuevo estudio sobre seguridad de vuelos entre Santa Lucía y el Benito Juárez.

La consulta y el referendo son dos figuras sobre las que existe legislación y reglas de operación. En este caso, la consulta que se nos pide no cumpliría con los requisitos mínimos que establece la ley, pero se asegura que la “opinión” que domine será vinculatoria.

Entonces, surge la pregunta: ¿para qué se eligió a un jefe de estado y a centenares de representantes a las Cámaras de Senadores y la de Diputados, si las decisiones complejas como es la obra del aeropuerto y tal vez otras muchas las va a tener que aprobar o desaprobar el pueblo, en las plazas públicas?

La información técnica, ambiental y financiera sobre este proyecto no es fácil de comprender y menos diagnosticar para emitir un voto en favor o en contra. Si el rechazo se basa en información conocida que en los contratos y en lo que se lleva avanzado de la obra se incurrió en graves actos de corrupción u otras faltas, el presidente electo debería denunciarlo ante las autoridades y darlo a conocer al pueblo y, acto seguido, formular una propuesta concreta. Esas tareas vienen con el voto a su favor y la responsabilidad que ello trae consigo.

Solicitar opiniones técnicas nacionales y extranjeras adicionales a las que ya se han realizado tendría la ventaja de que serán expertos en todos esos temas que las responderían, lo que se celebra, aunque también surge la pregunta, si la cancelación del NAIM que al parecer atrajo tantos votos fue uno de los grandes temas más reiterados de campaña, ¿cómo es que no se tenía bien estudiado el asunto de tal forma que el nuevo gobierno tuviera las contrapropuestas claras favorables para su o sus proyectos alternativos?

Narra la Historia que, según los cuatro evangelios, Poncio Pilatos el quinto prefecto de la provincia romana de Judea representante del emperador Tiberio (26-27 a 36-37 antes de nuestra era), al enfrentar el juicio y sentencia a Jesús de Nazareth, acudió a las masas, quienes votaron a mano alzada por su crucifixión. En el Evangelio según Mateo, se narra que después de que el pueblo decidió, Pilatos se lavó las manos para mostrar que él no había sido responsable por esa ejecución.

Tal vez sólo tenemos que emitir nuestro voto en la plaza pública, aunque la decisión no coincida con la de los expertos.